Publicado el 24/09/2008, por Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional

El informe que la Comisión Nacional de la Competencia –CNC– presentado la semana pasada –ver EXPANSIÓN del 16 de septiembre– sobre el sector servicios profesionales y colegios profesionales cuestiona la exigencia de titulación y de colegiación para realizar determinadas actividades, ya que pueden supone barreras al libre acceso al mercado de servicios.
Refiriéndonos a las actividades que conllevan el facilitar a los clientes o pacientes el ejercicio de los derechos fundamentales o los necesarios para llevar a cabo aquéllos, han de reservarse dichas actividades a quienes estén capacitados para realizarlas. La sociedad se sustenta sobre un sistema de garantías ciudadanas en el que subyace el interés general.
Para atender este modelo social convenido es imprescindible realizar actividades conducentes a los citados fines con la máxima calidad posible. Esta no puede prestarse si no es con la actuación de aquellos que mejor conocimiento y más actualizado tienen. La sociedad quiere que se empleen todos los medios disponibles para solucionar su problema. Este es el concepto de profesional objeto de estas líneas.

Hay profesiones que se pueden ejercer solo con el título universitario. Hay otras a las que, por la especial trascendencia de sus funciones, además del título se les exige la incorporación a un colegio profesional, para lo cual el legislador lo ha creado. La sola existencia de esta regulación comporta el interés general. Estas son las profesiones colegiadas.

Cada profesión colegiada está ordenada por sus estatutos generales, que son aprobados previamente por el propio colegio –autorregulación–, y después por el Gobierno. Los colegios controlan el ejercicio profesional a través de sus normas internas y muy en especial con las deontológicas, cuya aplicación es susceptible de revisión ante los tribunales, lo cual conforma un sistema que garantiza su independencia (pilar básico). A lo que contribuye la autofinanciación a través de cuotas colegiales.

El artículo 36 de la Constitución Española, que sorprendentemente el informe no analiza, fue la norma que constitucionalizó los colegios situándolos en la sección de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos, al igual que la libertad de elección de profesión –artículo 35–, lo que confunde la CNC con la sección de Derechos y Libertades de Asociación –artículo 22– y sindicato –artículo 28–.

El informe pone en cuestión todo y niega evidencias más que contrastadas, además de ser recurrente en metonimias que confunden el todo por la parte, porque si bien pueden existir casos de funcionamiento anormal, estos son excepción y no generalidad existiendo muchas e importantes realizaciones. Sin embargo, estamos de acuerdo en que el modelo colegial español necesita modernizarse, como todas las instituciones, algunas, por cierto, mucho. Es el propio devenir social el que lo exige y en ello estamos trabajando con resultados muy positivos y mostrables, cumpliendo así una función social insustituible.

Estamos ante el ataque más frontal que se ha planteado a la institución colegial posiblemente en toda su historia, y ello además en un momento de convulsión económico–financiera producida precisamente por una excesiva liberalización de los mercados, y lo más preocupante es que el informe hace recomendaciones que no se sostienen sobre ningún estudio o análisis que mida los riesgos de su propuesta desde el punto de vista económico y, sobre todo, del bienestar social, especialmente ahora que la economía y la sociedad reclamen grandes dosis de confianza.

Tanto la Comisión Europea, como el Parlamento, y otras instituciones como la propia CNC, reconocen que las características del sector de los servicios profesionales, evidentemente con diferencias de intensidad, justifica la existencia de regulación equilibrada. Quizá el problema resida en que la CNC no ha escuchado al sector colegial.

Uno de los activos principales de nuestro país para superar la crisis económica son las profesiones –9% del PIB–, que integran un altísimo porcentaje de capital humano cualificado, que son el germen de la innovación y la competitividad, presente y futura, y la materia prima de eso que se conoce como Marca España, promovida por el Gobierno. La CNC propone disminuir su valor a cambio de una supuesta economización alterando un sistema garantista y de seguridad de las personas.

Más en: Ante el ataque más frontal

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid se unea la escalada de críticas que ha desatado el informe de la CNC.

“Competencia desacredita a los colegios profesionales”

El presidente de Unión Profesional de Valencia, Francisco Real, manifestó su "rechazo rotundo" al reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por considerar que, "frente a los supuestos fines de protección del usuario que esgrime esta institución, atentar contra los colegios profesionales supone precisamente desproteger a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos fundamentales, concretamente en demandas tan legítimas como la sanidad o la justicia, entre otras".

Para Francisco Real, "la Comisión Nacional de la Competencia no ha propuesto soluciones alternativas, ni ha especificado las posibles repercusiones sociales y económicas de su informe. Es paradójica su actitud en pro de la liberalización de los servicios profesionales en un escenario económico que nos muestra, día tras día, las trágicas consecuencias de la desregulación en determinados sectores, como por ejemplo el financiero. El ciudadano reclama, más que nunca, confianza, protección y garantías", concluyó.

Real defiende los colegios profesionales como "garantía del servicio al usuario"