Los magistrados asturianos acuerdan limitar la celebración de juicios en los Juzgados que superen la carga de trabajo estipulada
La judicatura debate la convocatoria de una huelga, para la cual no tienen amparo legal, con el objetivo de reclamar más medios al Gobierno

El pulso que mantienen los jueces con el Ministerio de Justicia se encona. Justo un mes después del paro de los secretarios y la huelga encubierta de los magistrados, en protesta por la falta de medios y las sanciones por el caso Mari Luz. Un número importante de juntas de magistrados, entre ellas las de los Juzgados de Oviedo y Avilés, acordaron ayer limitar los señalamientos de juicios en aquellos Juzgados que superen la carga de trabajo estipulada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los llamados «módulos de entrada», lo que equivale a una huelga de mínimos encubierta. No sólo eso. En enero volverán a reunirse, para analizar de nuevo la situación y, si no cuentan con más medios y personal, plantearán una nueva huelga, ésta ya de forma abierta, en una medida sin precedentes en la historia de la magistratura. La ley no reconoce el derecho de huelga a los jueces.

A la Junta de Oviedo acudieron a mediodía de ayer un total de 22 magistrados, encabezados por la juez decana, Pilar Martínez Ceyanes. El primer punto acordado fue la limitación de los señalamientos, «acomodándolos a la carga de trabajo que permita garantizar el servicio público de la justicia». Para establecer este límite, se ha encargado a los jueces de cada una de las jurisdicciones «un estudio preciso de la carga de trabajo que es posible asumir de una manera razonable, con vistas a su aplicación en la próxima Junta de jueces a celebrar el 21 de enero».

Los jueces de Oviedo no descartan «cualesquiera medidas de presión para el cumplimiento apropiado de los compromisos» contenidos en el plan de actuación para la mejora de la justicia adoptado por el CGPJ, y que incluye un incremento sustancial de medios y personal. También se celebró junta en Avilés, a la una de la tarde.

En juntas como la de Madrid, los jueces decidieron incluso dirigirse «al relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU» para darle cuenta de la situación de la Justicia en España. «Especialmente en lo relacionado con la independencia de su órgano de gobierno y la insuficiente dotación de medios personales y materiales».

Las reacciones no se hicieron esperar. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, declaró que «el derecho de huelga no está ni reconocido, ni prohibido, no está previsto». La portavoz añadió que, en su opinión, los miembros de la carrera judicial no tienen derecho a huelga. Advirtió de que cuando reciba las actas de las juntas, se adoptarán «las medidas que correspondan» sobre los acuerdos «que no cumplan los requisitos legales o que puedan infringir algún precepto legal». El Ministerio de Justicia prefirió no valorar lo ocurrido ayer, y se remitió al Consejo del Poder Judicial.

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