FERNANDO LLOPIS PASCUAL Mucho antes que la «operación Walkiria» intentara acabar con Adolf Hitler, los ejércitos de éste habían derrotado una y otra vez a las tropas aliadas. La situación tuvo un punto de inflexión en las arenas del desierto, en El Alamein. Allí, el hasta ahora siempre victorioso zorro del desierto, general Erwin Rommel sufrió una severa derrota que ponía en entredicho la invencibilidad del ejército nazi. Alguien preguntó al primer ministro británico Winston Churchill si esta batalla iniciaba el fin de Hitler, Churchill respondió que ni era el fin, ni siquiera el comienzo del fin pero sí marcaba el fin del comienzo.

En esta situación queda la Ingeniería Informática tras la aprobación de las famosas fichas que regulan sus competencias por el Consejo General de Universidades. Ha sido un largo y duro camino, plagado de reuniones, conversaciones e incluso de manifestaciones multitudinarias para conseguir finalmente que el Gobierno colocara a la Ingeniería Informática junto con el resto de las ingenierías. A esto, se unen los informes previos realizados por abogados de prestigio que ratifican la condición de profesión regulada a la Ingeniería Técnica en Informática según una ley de 1986.

Todo este proceso se inicia cuando el Gobierno, tras un cambio de ministra en el Ministerio de Educación, se inhibe en la regulación de cualquier título universitario en vez de como hasta ahora se había hecho en España. Ese modelo, supuestamente liberal propuesto por el Gobierno se basaba en el modelo universitario anglosajón, en el que las universidades son las que proponen de forma independiente los títulos que imparten. Aunque esto es así, hay que indicar que en el mundo anglosajón existen sociedades científicas de reconocido prestigio que realizan consideraciones acerca del contenido de los títulos impartidos, así como también son determinados organismos los que indican qué tipo de profesional puede realizar o no determinadas tareas.

El poder de las sociedades científicas en España todavía es muy limitado, con lo cual liberar totalmente los contenidos de los títulos universitarios no parece demasiado adecuado, sobre todo en aquellos títulos de gran implantación en la sociedad española: Medicina, Derecho, Economía, ingenierías, etcétera. Hay opiniones que indican que el Gobierno prefirió dar la responsabilidad a las universidades con tal de evitar manifestaciones como las realizadas por estudiantes de títulos que se habían quedado fuera en la primera propuesta del Gobierno.

Este modelo se rompió debido a la existencia de profesiones reguladas, ya que de alguna forma se debe garantizar los conocimientos mínimos que un titulado en algunas carreras debe obtener. Por ejemplo, un arquitecto debe conocer cómo definir las estructuras para que un edificio no se desmorone, un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos debe tener conocimientos en la construcción de puentes para que no caigan y evidentemente un médico de cualquier especialidad debe conocer determinados aspectos del cuerpo humano y su influencia en la salud del paciente.

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