El Consejo General de la Abogacía Española denuncia que el borrador que ha preparado Justicia ignora los preceptos fundamentales del proceso de reforma del grado universitario que desarrolla el Ministerio de Ciencia.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que el Reglamento de la Ley de Acceso –cuyo primer borrador adelantó EXPANSIÓN el pasado 17 de marzo– (ver PDF adjunto) que ha elaborado el Ministerio de Justicia ignora los principios fundamentales de Bolonia, el proceso de homogeneización hacia un grado universitario más práctico y competitivo en la UE que está desarrollando el Ministerio de Ciencia e Innovación.

En un informe que recoge sus alegaciones al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el CGAE denuncia que el Reglamento es una repetición del propio grado o incluso, una mera sustitución del año que se ha suprimido a la carrera. Así, apunta que no se ofrece la posibilidad de estudiar este curso en otros países de la UE –uno de los pilares de Bolonia–, ni se procura una visión internacional de la abogacía: “No se prevé en absoluto que la condición de profesor pueda tenerla cualquier abogado de un Estado miembro de la UE colegiado en su país de origen, ni se ofrece la posibilidad de cursar el periodo de formación en parte o en su totalidad en otro Estado miembro”, dice.

En estos momentos, los Ministerios de Justicia y Ciencia e Innovación están estudiando este informe, así como el que han redactado universidades y otras instituciones, a partir de los cuales se elaborará un segundo borrador. Pero el tiempo corre para una reforma postgrado que ya se aprobó en 2006 y que se está planteando cuando la revisión del grado, Bolonia, se encuentra más avanzada.
El CGAE también destaca que el proyecto es “muy rígido” y carece de enfoque deontológico [ver apoyo]. Y, además de señalar que algunos puntos atentan contra la competencia –“respecto a la reserva en favor del colegio con el que se celebre el convenio de que la mitad del profesorado debe ser abogado ejerciente de dicho colegio”– señala que se centra en lo contencioso y no incluye un examen oral práctico. Y duda que un test de 100 preguntas sea la mejor forma de evaluar.

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