La ley de libre establecimiento suprimirá la actual autorización previa.

TRASPOSICION ESPAÑOLA DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE SERVICIOS.

No parece lógico que abrir una empresa de fontanería lleve 15 días en un municipio y 240 días en otro, ni que cueste 100 euros obtener los permisos en una localidad y 2.700 en otra. Tampoco, que obtener una licencia para abrir una autoescuela solo sirva para una provincia.

No parece tener mucho sentido que a una autoescuela se le exija un aula de 20 metros cuadrados para impartir clases teóricas para el carnet de conducir turismos y que esa misma aula deba tener 30 metros si es para el carnet de camiones. Y no es comprensible que algunos colegios profesionales exijan un certificado de buena conducta a los titulados para su inscripción.

Son solo ejemplos de requisitos injustificados, algunos disparatados, que hay que cumplir en la actualidad para poder ejercer un negocio de prestación de servicios. Se calculan que son 7.000 los que deben desaparecer. El Consejo de Ministros estudió ayer el anteproyecto de ley de trasposición de la Directiva Europea de Servicios, que en España ha sido bautizada como "ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios" porque incide en facilitar los trámites para acceder a un servicio o ejercer un negocio. "Se trata de una de las leyes más importantes de la legislatura", dijo el vicepresidente, Pedro Solbes, ya que supone una auténtica "revolución mental" para hacer más competitivo el mayor sector de la economía.

FIN DE LA AUTORIZACION El anteproyecto de ley quiere garantizar la libre prestación y acceso a servicios en España. Como principio general, el ejercicio de una actividad de servicios no estará sujeto a autorización previa, sino a un control a posteriori, con lo que se pretende reducir los trámites, el tiempo y el coste de iniciar un negocio. Un ejemplo: para abrir una peluquería, bastará con notificar su apertura, aunque se podrá recibir una inspección.

En todo caso, sólo se podrán exigir requisitos cuando estén debidamente justificados por razones de interés general y si son proporcionados y no discriminatorios por razón de nacionalidad o domicilio social. Junto a la supresión de la autorización previa, la segunda arma de la ley es la ventanilla única, para lograr simplificar los trámites.

La ley se tramitará a lo largo del 2009 y debe estar en vigor antes del 31 de diciembre. Obligará a todas las normas de Estado, autonomías y ayuntamientos. En paralelo, habrá que corregir toda la normativa vigente hasta ahora. Esto será mucho más complejo y polémico. De los 7.000 procedimientos o normas que deberán ser revisadas o derogadas, en el ámbito del Estado, se han identificado 80 leyes y 370 reales decretos. La reforma de la mayoría de ellos se incorporará en una segunda ley, apodada como ley omnibus que se tramitará en el 2009. Otros aspectos como el comercio interior y los colegios profesionales se regularán aparte.

Fuente: Las administraciones derogarán 7.000 trabas para abrir empresas