• El Principado suprime la obligatoriedad de presentar la fotocopia del DNI y el certificado de empadronamiento
• La información será ahora verificada directamente con los datos de la Dirección General de la Policía y del INE

La administración regional ha suprimido desde hoy para los ciudadanos la obligatoriedad de presentar la fotocopia del DNI y el certificado de empadronamiento, los documentos más solicitados habitualmente a los usuarios para realizar cualquier gestión con el Principado.

Esta medida, que hoy publica el Boletín Oficial de la comunidad autónoma, permitirá que dejen de realizarse las 150.000 fotocopias del Documento Nacional de Identidad y los 20.000 certificados de empadronamiento que anualmente se solicitaban, según ha indicado la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya.

En rueda de prensa, Migoya ha vinculado esta medida al objetivo del Gobierno regional de fomentar la administración electrónica y que la relación del ciudadano con ésta se lleve a cabo de forma "cada vez más ágil y accesible y con procedimientos más sencillos".

A partir de ahora la información que aportaban ambos documentos será verificada directamente por la administración regional con los datos de la Dirección General de la Policía y del Instituto Nacional de Estadística, ambas dependientes del Gobierno central, "y con todas las garantías de seguridad, integridad y confidencialidad".

Según la consejera, de esta forma se avanza en el desarrollo de la Ley de Acceso Electrónico que desde el pasado mes de noviembre permite a los ciudadanos enviar por vía telemática cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier órgano o entidad del Gobierno regional, posibilidad restringida hasta entonces a determinados procedimientos administrativos.

Estas actuaciones podrán llevarse a cabo, ha indicado Migoya, gracias al diseño de una administración marcada por su "interoperabilidad" en el que sus distintos departamentos "hablan entre sí" y permiten que la información "fluya" entre ellos.

Este proceso va acompañado de una mayor interconexión con la administración central que, en una tercera fase, debe hacerse extensiva también a los ayuntamientos, aunque en este caso se presentan más dificultades debido fundamentalmente a la falta de medios humanos y materiales de las corporaciones más pequeñas.

En este sentido, Migoya ha subrayado la importancia de la puesta en marcha del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, al que ya se han adherido 65 de los 71 concejos de menos de veinte mil habitantes, y que dispondrá este año de 2,8 millones de euros para aumentar la presencia de los ayuntamientos en internet y para desarrollar la puesta en marcha de la administración electrónica.

Fuente: Nuevo impulso para la administración electrónica en Asturias [LNE]