La ley Ómnibus, consecuencia de una directiva europea, mantiene expectantes a estas organizaciones, a las que consolida y otorga más obligaciones.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar la conocida como «ley paraguas», que es la transposición de la directiva europea de servicios al ordenamiento jurídico español. Esta ley traerá como consecuencia otra, la ley Ómnibus, que coloca en el centro de todas las miradas a los colegios profesionales, a los que se les reconocerá una autoridad pública de la que carecían hasta ahora pero también se les otorgará responsabilidades que no tenían ante los consumidores. Este proyecto legislativo, que ya está en el Senado y que se pretende entre en vigor en 2010, tiene expectante a los profesionales. Algunos no ocultan sus reticencias, aunque las pretensiones iniciales se han suavizado y ya no genera rechazos. La secretaría de Estado de Economía, que encabeza el economista asturiano José Manuel Campa, es la encargada de coordinar la transposición de la directiva europea. En opinión de su titular, la nueva legislación permitirá crear empleo a través del fomento de la competitividad.
El temor inicial de los profesionales era que la Ley Ómnibus supusiera la desaparición de los colegios profesionales, que finalmente no se producirá. Pero sí se tendrán que adaptar a las reformas. En algunas profesiones seguirá siendo obligatorio colegiarse para ejercer, mientras que en otras será voluntario. Pero igual que ocurre ahora, inscribirse aportará un sello de calidad al profesional por los compromisos y obligaciones que adquiere. En el caso de los colegios técnicos, el visado de obras no será obligatorio a menos que pueda afectar a una tercera persona distinta al contratante o si el cliente lo exige. En caso de que eso ocurra, el colegio será responsable, junto con el profesional, de las deficiencias o problemas que pudieran surgir por fallos en las obras. Otro aspecto fundamental es la creación de la ventanilla única en Internet, donde deben constar toda la información y derechos de los consumidores, así como facilitarles las vías de reclamación. Además, la normativa establecerá un sistema de infracciones y sanciones a los profesionales
Enrique Valdés, presidente del Colegio de Abogados del Principado, entiende que «aunque la nueva ley tiene algunos elementos desfavorables, en general es favorable porque se consolida a los colegios profesionales, cuando inicialmente se temía lo contrario». La Ley Ómnibus supondrá que a estas corporaciones «se les otorga facultades públicas y muchas más responsabilidad frente a los ciudadanos y consumidores, de cuya defensa se tendrá que ocupar con igual atención que al profesional».
Un problema añadido, según Valdés, es que se homologará en todo el país las cuotas de alta, que ahora se ceñirán a lo que cueste el servicio. «Probablemente algunos colegios verán reducidos sus ingresos, con lo que habrá que plantearse incrementar la cuota mensual o cobrar algunos de los servicios gratuitos que ahora se ofrecen».
Luis Galguera, presidente del Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos, se mostró más reticente ante la nueva normativa pendiente de aprobación en el Senado. «Estamos expectantes. No somos tan pesimistas como al principio, pero estamos muy preocupados porque aún no sabemos cómo se va a desarrollar», asegura. En las profesiones técnicas probablemente seguirá siendo obligatorio colegiarse y la ventanilla única ya prácticamente está en funcionamiento. «Para nosotros este aspecto no es problema, pero hay que esperar a ver cómo queda la ley definitivamente y cómo se va a desarrollar», matiza Galguera.
Miguel de la Fuente es el presidente del Colegio de Economistas de Asturias, cuya inscripción no es obligatoria para ejercer en el Principado. Sin embargo, prácticamente todos los profesionales que ejercen se inscriben. «Seguirá siendo voluntario, pero se mantendrán las altas porque se entiende que es un sello de calidad, además de ofrecer un alto nivel de formación permanente», explica. Lo más destacado de la Ley Ómnibus es, según el decano de los economistas, la constitución de comisiones deontológicas para velar por las actuaciones de los colegiados, el nuevo sistema de infracciones y la autoridad y responsabilidad que se confiere a estos órganos de cara a los consumidores. «A nosotros no nos supondrá un gran trastorno», afirma.