Hoy se ha abierto la caja de los truenos en los medios de comunicación. Esta mañana el Grupo Zeta, propietario entre otros de El Periódico de Catalunya, Interviu y Sport, ha anunciado que pretende despedir a 533 de sus alrededor de 2.300 empleados. Y por la tarde, el grupo PRISA ha hecho oficial un secreto a voces: el cese de actividad de la cadena de televisiones locales Localia TV. Entre las dos empresas dejarán en la calle a alrededor de 800 personas. ¿Quién será el próximo?

Se confirman los malos tiempos. El Grupo Zeta ha sido el primero en poner número al reajuste. Afectará a casi un 24% de su personal. De momento no se puede hablar de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), aunque parece que si no hay acuerdo con los empleados éste podría llevarse a cabo a partir del mes de enero. Para evitar llegar a ese punto, lo que pretende la empresa es incentivar las bajas voluntarias. En el comunicado hecho público a todo su equipo ni siquiera se ha hablado de prejubilaciones, aunque no se descartan para un futuro.

La razón de esta decisión no es otra que los malos resultados que arrastra la empresa, cuya deuda a corto plazo es de más de 200 millones de euros. Durante 2008, el grupo ha sufrido una bajada de publicidad de cerca del 25%. Una situación crítica que también pasa en el resto de los medios y que ha hecho que hasta los gratuitos comiencen a verle las orejas al lobo. El problema no es la caída, es la mala perspectiva de cara a los próximos años. En El Periódico de Catalunya, estandarte del Grupo Zeta, se habla del despido de 73 empleados de los que entre 30 y 35 podrían ser redactores.

La diferencia de Zeta respecto a otros grupos es que el plan se ha comunicado a la plantilla de forma oficial. En El País se habla de bajas incentivadas y en El Mundo o 20minutos, de recortes drásticos de colaboradores, al menos de momento. Zeta comienza su ajuste para lograr una "importante reducción de costes" a la espera de un plan de futuro tras su frustrada venta. El objetivo del grupo es, según han comunicado en una nota de prensa, "asegurar de forma sólida la continuidad del proyecto, haciendo así frente a la profunda crisis económica que está afectando a los medios de comunicación y a su futuro". De todas formas lo de hoy ha sido sólo un primer paso. Advierten que hasta que empiecen las negociaciones con el Comité de Empresa (será la próxima semana) no se sabrán las condiciones de estos ‘despidos’.

Un secreto a voces

La crisis no es sólo cosa del papel. Las principales cadenas de televisión, Telecinco y Antena 3, sufren pérdidas publicitarias, pero ha sido el grupo PRISA el primero en dar el paso. Esta tarde ha comunicado el cese de actividad de lsu red de televisiones locales, Localia TV, que afectará a entre 250 y 300 personas. El grupo dueño de El País lleva tiempo sufriendo los efectos de la mala situación financiera y de la caída de la inversión publicitaria. Hace sólo un mes, su consejero delegado, Juan Luis Cebrián, anunció que buscaban nuevos socios para afrontar su deuda de 4.800 millones de euros.

PRISA, que ya ha comunicado esta información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en un hecho relevante, ha precisado además que ha tomado esta decisión ante "las dificultades y la incoherencia" que presenta el marco regulatorio actual. Y ha lamentado la "saturación" de licencias de TDT y el "desordenado" desarrollo del sector, "que imposibilitan la viabilidad del proyecto". La cadena de televisión Localia está presente en el 84% de las poblaciones con más de 50.000 habitantes.

Para paliar la grave situación financiera que sufre PRISA, el grupo puso en venta, hace ya seis meses, Digital Plus. Aunque parece que sin éxito. Según ha publicado hoy ABC, la pasada media noche expiró el plazo, aunque hay distintas versiones sobre la fecha en que se cumple.

Y en esta situación, todos hablan de todos, pero ninguno de sí mismo. Porque si ABC lo ha hecho de PRISA, El País lo ha hecho de Vocento, dueño del primero. Según publicó este martes, entre enero y septiembre de este año, el resultado de explotación de Vocento cayó un 98,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Y en la misma página, El País también informaba de que "el grupo italiano que edita ‘El Mundo’ ha entrado en pérdidas" por culpa de su división española. RCS Mediagroup habría obtenido "un resultado negativo de 16,2 millones, frente a una ganancia de 20,9 millones en el tercer trimestre de 2007".

Fuente: Zeta y PRISA rompen la baraja: los despidos en medios ya están aquí

El Gobierno regional pide a la siderúrgica que los servicios que eliminesean realizados por «empresas asturianas o ubicadas en el Principado»

Los magistrados asturianos acuerdan limitar la celebración de juicios en los Juzgados que superen la carga de trabajo estipulada
La judicatura debate la convocatoria de una huelga, para la cual no tienen amparo legal, con el objetivo de reclamar más medios al Gobierno

El pulso que mantienen los jueces con el Ministerio de Justicia se encona. Justo un mes después del paro de los secretarios y la huelga encubierta de los magistrados, en protesta por la falta de medios y las sanciones por el caso Mari Luz. Un número importante de juntas de magistrados, entre ellas las de los Juzgados de Oviedo y Avilés, acordaron ayer limitar los señalamientos de juicios en aquellos Juzgados que superen la carga de trabajo estipulada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los llamados «módulos de entrada», lo que equivale a una huelga de mínimos encubierta. No sólo eso. En enero volverán a reunirse, para analizar de nuevo la situación y, si no cuentan con más medios y personal, plantearán una nueva huelga, ésta ya de forma abierta, en una medida sin precedentes en la historia de la magistratura. La ley no reconoce el derecho de huelga a los jueces.

A la Junta de Oviedo acudieron a mediodía de ayer un total de 22 magistrados, encabezados por la juez decana, Pilar Martínez Ceyanes. El primer punto acordado fue la limitación de los señalamientos, «acomodándolos a la carga de trabajo que permita garantizar el servicio público de la justicia». Para establecer este límite, se ha encargado a los jueces de cada una de las jurisdicciones «un estudio preciso de la carga de trabajo que es posible asumir de una manera razonable, con vistas a su aplicación en la próxima Junta de jueces a celebrar el 21 de enero».

Los jueces de Oviedo no descartan «cualesquiera medidas de presión para el cumplimiento apropiado de los compromisos» contenidos en el plan de actuación para la mejora de la justicia adoptado por el CGPJ, y que incluye un incremento sustancial de medios y personal. También se celebró junta en Avilés, a la una de la tarde.

En juntas como la de Madrid, los jueces decidieron incluso dirigirse «al relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU» para darle cuenta de la situación de la Justicia en España. «Especialmente en lo relacionado con la independencia de su órgano de gobierno y la insuficiente dotación de medios personales y materiales».

Las reacciones no se hicieron esperar. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, declaró que «el derecho de huelga no está ni reconocido, ni prohibido, no está previsto». La portavoz añadió que, en su opinión, los miembros de la carrera judicial no tienen derecho a huelga. Advirtió de que cuando reciba las actas de las juntas, se adoptarán «las medidas que correspondan» sobre los acuerdos «que no cumplan los requisitos legales o que puedan infringir algún precepto legal». El Ministerio de Justicia prefirió no valorar lo ocurrido ayer, y se remitió al Consejo del Poder Judicial.

Más en: Los jueces plantean un paro encubierto

Los paros se harán los días 12 y 19 de diciembre y 5 de enero

Los sindicatos de hostelería de Asturias han decidido convocar tres días de huelga -los días 12 y 19 de diciembre y el 5 de enero- al fracasar la reunión negociadora que mantuvieron ayer con las patronales del sector. De llegar a producirse, será el primer paro del sector desde la década de los años setenta. En Asturias hay 31.143 trabajadores en la hostelería.

En los dos grandes puntos de los que depende la firma del nuevo convenio colectivo -los sindicatos reclaman un sueldo mínimo de 1.000 euros al mes y dos días consecutivos de descanso a la semana- no sólo no hubo acercamientos, sino que se separaron aún más las posturas.

Las dos partes continuarán las negociaciones el lunes, aunque, a juicio del presidente de Unión Hotelera, Alfredo García Quintana, «con una amenaza de este calibre encima de la mesa no es fácil seguir negociando». Destacó que fueron los sindicatos y no los empresarios los que se levantaron de la anterior mesa de negociación y que el arreglo será mucho más complicado, advirtió, si finalmente la huelga se lleva a efecto, «porque a los empresarios los va a afectar mucho». García Quintana destacó que el sector perdió 940 empleos en tres meses (de agosto a octubre), «y eso que la crisis del sector sólo ha empezado».

El representante de los empresarios aseguró que están dispuestos a aplicar el IPC real a la subida salarial, y subrayó que tienen el compromiso formal de llegar a los dos días de descanso semanal consecutivos en un plazo de cuatro años. «No es por un capricho, sino que las empresas necesitan tiempo para adaptarse al nuevo sistema de descanso, ya que si no lo hacen se podría producir aún más perdida de empleo, algo que nadie quiere», explicó García Quintana.

El análisis que hacen los representantes sindicales es muy diferente. Para la responsable de la Federación de Turismo y Hostelería de UGT, Marta González, el inicio de las negociaciones «no pudo ser peor, al estar las posturas muy distantes». González augura que «habrá aún un largo camino de negociación por recorrer antes de que podamos llegar a alcanzar un acuerdo, si es que finalmente lo logramos».

Más contundente se mostró el representante de la Federación de Comercio y Hostelería de Comisiones Obreras de Asturias, Alfredo García. «En la reunión se demostró quiénes son los auténticos responsables de este conflicto laboral. Teníamos la esperanza de que los empresarios recapacitaran y aceptaran que nuestras demandas son razonables, pero nos equivocamos».

García considera que la patronal actuó «con falta de respeto y con poca seriedad, tal vez porque pensaban que íbamos de farol con nuestras reivindicaciones, pero esto no es el póquer. Vamos completamente en serio».

Fuente: Los trabajadores de hostelería deciden ir a la huelga para pedir más salario y descanso

El plante de los eventuales coloca contra las cuerdas a la Administración sanitaria asturiana.

Los facultativos titulares denuncian el incremento de la sobrecarga laboral y de las listas de espera.

El conflicto de los médicos eventuales afecta ya a la actividad asistencial en Asturias. La falta de facultativos para realizar sustituciones obligó ayer a la Administración sanitaria a cerrar algunas consultas y a redistribuir a los pacientes afectados entre los facultativos titulares de los equipos de Atención Primaria.

La decisión del Sespa de no renovar 35 contratos de médicos eventuales y el posterior plante de muchos facultativos que han decidido no suscribir sus nuevos contratos amenazan con poner en serios apuros al sistema sanitario asturiano. Ayer mismo, según los datos facilitados a este periódico por las asociaciones de eventuales, el área de Gijón, la más afectada, se vio obligada a cerrar, ya durante la mañana, 24 consultas –18 de adultos, cinco de pediatría y una de atención domiciliaria–, Avilés tuvo que clausurar seis más y en Mieres quedarán sin cubrir 14 guardias a lo largo de toda la semana. El Servicio de Salud se vio obligado a redistribuir a los pacientes entre los facultativos titulares de los equipos.

Las consecuencias están claras. Oscar Salinas, secretario de la sección de Atención Primaria del Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa), indicó ayer que la falta de sustitutos ya está afectando seriamente al sistema. Salinas avanzó que la cerrazón de la Administración asturiana está provocando un aumento de la sobrecarga de trabajo en los facultativos titulares y un incremento de las listas de espera en Atención Primaria, donde la asistencia al paciente era hasta ahora prácticamente inmediata. De hecho, este periódico publicó ya recientemente las denuncias de usuarios que se vieron obligados a esperar dos y tres días para conseguir cita con su médico de familia.

Más en: La carencia de médicos sustitutos ya obliga a Salud a cerrar consultas

La ley de libre establecimiento suprimirá la actual autorización previa.

TRASPOSICION ESPAÑOLA DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE SERVICIOS.

No parece lógico que abrir una empresa de fontanería lleve 15 días en un municipio y 240 días en otro, ni que cueste 100 euros obtener los permisos en una localidad y 2.700 en otra. Tampoco, que obtener una licencia para abrir una autoescuela solo sirva para una provincia.

No parece tener mucho sentido que a una autoescuela se le exija un aula de 20 metros cuadrados para impartir clases teóricas para el carnet de conducir turismos y que esa misma aula deba tener 30 metros si es para el carnet de camiones. Y no es comprensible que algunos colegios profesionales exijan un certificado de buena conducta a los titulados para su inscripción.

Son solo ejemplos de requisitos injustificados, algunos disparatados, que hay que cumplir en la actualidad para poder ejercer un negocio de prestación de servicios. Se calculan que son 7.000 los que deben desaparecer. El Consejo de Ministros estudió ayer el anteproyecto de ley de trasposición de la Directiva Europea de Servicios, que en España ha sido bautizada como "ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios" porque incide en facilitar los trámites para acceder a un servicio o ejercer un negocio. "Se trata de una de las leyes más importantes de la legislatura", dijo el vicepresidente, Pedro Solbes, ya que supone una auténtica "revolución mental" para hacer más competitivo el mayor sector de la economía.

FIN DE LA AUTORIZACION El anteproyecto de ley quiere garantizar la libre prestación y acceso a servicios en España. Como principio general, el ejercicio de una actividad de servicios no estará sujeto a autorización previa, sino a un control a posteriori, con lo que se pretende reducir los trámites, el tiempo y el coste de iniciar un negocio. Un ejemplo: para abrir una peluquería, bastará con notificar su apertura, aunque se podrá recibir una inspección.

En todo caso, sólo se podrán exigir requisitos cuando estén debidamente justificados por razones de interés general y si son proporcionados y no discriminatorios por razón de nacionalidad o domicilio social. Junto a la supresión de la autorización previa, la segunda arma de la ley es la ventanilla única, para lograr simplificar los trámites.

La ley se tramitará a lo largo del 2009 y debe estar en vigor antes del 31 de diciembre. Obligará a todas las normas de Estado, autonomías y ayuntamientos. En paralelo, habrá que corregir toda la normativa vigente hasta ahora. Esto será mucho más complejo y polémico. De los 7.000 procedimientos o normas que deberán ser revisadas o derogadas, en el ámbito del Estado, se han identificado 80 leyes y 370 reales decretos. La reforma de la mayoría de ellos se incorporará en una segunda ley, apodada como ley omnibus que se tramitará en el 2009. Otros aspectos como el comercio interior y los colegios profesionales se regularán aparte.

Fuente: Las administraciones derogarán 7.000 trabas para abrir empresas

El Gobierno quiere ganar 200.000 alumnos de grado medio en tres años

El próximo año, los profesionales sin titulación podrán convalidar sus conocimientos por los módulos del Formación Profesional (FP) equivalentes, consiguiendo así el título o certificado de profesionalidad correspondiente cursando los módulos restantes. Esta nueva medida se enmarca dentro del objetivo del Ministerio de Educación, según explicó ayer su titular, Mercedes Cabrera, de atraer mayor número de estudiantes a este tipo de formación, en concreto unos 200.000 nuevos alumnos, que situarían a España dentro de la media europea.

La titular de Educación y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, presentaron ayer una «hoja de ruta», para conseguir la FP de siglo XXI. Así, según Cabrera, España no puede permitirse desperdiciar uno de los principales activos de los trabajadores, que es su experiencia. Por eso, para facilitar que los trabajadores sin título oficial puedan demostrar lo que saben, se va a habilitar un sistema de evaluación y acreditación de conocimientos adquiridos mediante la experiencia o vías no formales de formación.

De este modo, las competencias profesionales, así acreditadas podrán convalidarse por módulos de Formación Profesional, lo que permitiría al trabajador conseguir el título o el certificado de Formación Profesional correspondiente cursando los módulos que le falten. En este sentido, se publicará al principio de 2009 el Real Decreto que regula el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y se va a flexibilizar la oferta de Formación Profesional para el empleo por la vía de mantener convocatorias abiertas que se adapten a las necesidades reales del mercado.

Éste es sólo una de las medidas de la reforma que tiene como objetivo principal llenar las aulas de este sistema de educación. «Ha llegado la hora de recorrer el camino más largo que nos separa de los países más avanzados: conseguir atraer a 200.000 estudiantes más a la FP de grado medio para igualarnos con los niveles de Alemania, Francia o el Reino Unido», aseguró la ministra de Educación. Al respecto, Corbacho subrayó que «el Gobierno entiende que la sociedad española necesita de una formación profesional de carácter integral que responda a las necesidades del mercado laboral y que se desarrolle y ejecute a través de diferentes instrumentos y con la necesaria implicación del conjunto de administraciones y de los agentes sociales», de ahí la necesidad de modificar el Plan que actualmente estaba vigente.

Así, una de las actuaciones principales va a ser implantar una red de centros de referencia nacional de las 26 familias profesionales. Los centros, que estarán en las distintas comunidades autónomas, serán punteros cada uno en su área y promoverán las medidas y los programas de investigación necesarios para atender a las necesidades de los sectores emergentes e innovadores. Paralelamente se extenderá la red de centros integrados de Formación Profesional, donde estudian tanto jóvenes alumnos de FP como trabajadores en formación para el empleo, lo que permite al centro mantener elevados estándares de calidad de la enseñanza.

Fuente: Trabajadores con oficio pero sin estudios podrán tener un título de FP